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La ejecución provisional

Por Carlos Sánchez · 21 marzo, 2015 · 2

Los procedimientos judiciales tienen dos fases bien diferenciadas. Una primera, declarativa, donde se dilucida un derecho, y que finaliza con la obtención de una sentencia. Una segunda, ejecutiva, donde se da el salto del plano jurídico e ideal al plano fáctico y real, para de esa forma satisfacer la tutela que de los órganos judiciales se solicita, y que recoge tanto nuestra Constitución en su artículo 24, como la propia Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que se hace eco en su exposición de motivos de la necesidad de que la justicia se caracterice por su efectividad. Existe una importante excepción a la existencia de segunda fase en aquellos procesos en los que la sentencia declarativa o constitutiva ya satisface la necesidad de tutela.

Para poder ejecutar una resolución judicial se requiere que la misma sea firme. Nos encontramos ante una resolución firme cuando la misma no es susceptible de recurso, bien por haber transcurrido el plazo durante el cual pudiera haberse interpuesto el mismo y, en consecuencia, habiendo las partes consentido tácitamente la resolución dictada; bien porque la resolución no sea susceptible de recurso, como sería el caso de las dictadas por el último órgano judicial que pudiese conocer de la causa. Requerir la firmeza de una resolución para su ejecución conlleva un riesgo inherente, y es que se permite a un litigante que emplee los recursos no conforme a su finalidad legítima sino únicamente buscando retrasar la efectividad de la resolución. Para evitar ese riesgo (o, más bien, para reducirlo) es por lo que se contempla en nuestra legislación procesal la figura de la ejecución provisional.

Concepto y justificación de la ejecución provisional

El artículo 526 LEC establece que “quien haya obtenido un pronunciamiento a su favor en sentencia de condena dictada en primera instancia podrá, sin simultánea prestación de caución, pedir y obtener su ejecución provisional”. En su virtud se confiere a las sentencias de primera instancia una efectividad inmediata, sin que un eventual recurso tenga efecto suspensivo de la ejecución. Esto supone una mejora en la velocidad de la justicia, que se convierte en más expeditiva, y como ya mencioné, reduce el riesgo de un uso dilatorio de los recursos, pero también conlleva una serie de efectos susceptibles de crítica. Y es que la ejecución provisional puede suponer un perjuicio, en ocasiones muy grave, para el litigante ejecutado que obtenga un pronunciamiento favorable en una segunda instancia, especialmente cuando sea muy difícil o incluso imposible la restitución de la situación anterior a la ejecución, máxime teniendo en cuenta que no se exige la prestación de caución para responder de eventuales perjuicios que la ejecución conllevase si la resolución fuese revocada. De ahí que, como posteriormente analizaré, la ley contenga una posibilidad de evitar una ejecución provisional que se considere irreversible.

No debe olvidarse que la posibilidad de acudir a una segunda instancia para solicitar la revisión de una resolución es uno de los pilares del sistema jurídico español. Pero también debe tenerse en cuenta que atendiendo a los datos estadísticos que publica el Consejo General del Poder Judicial el 62,7% de los recursos de apelación se resuelven confirmando la sentencia recurrida, el 20,8% la revocan parcialmente, y sólo el 15,7% y el 0,8% la revocan totalmente y la anulan, respectivamente. Es decir, en una mayoría de asuntos la decisión que se dictó en primera instancia era correcta al menos parcialmente, lo que se emplea para justificar una confianza en la primera instancia. Al respecto, y como suele ocurrir, hay opiniones a favor y en contra. En mi opinión, y al menos hasta que se logren unos plazos de resolución mucho más razonables que los actuales, las ventajas de la ejecución provisional superan sus problemas.

Requisitos de la ejecución provisional

El artículo 525 LEC recoge una enumeración de aquellas sentencias que en ningún caso serán susceptibles de ejecución provisional:

  • Las sentencias dictadas en los procesos sobre paternidad, maternidad, filiación, nulidad de matrimonio, separación y divorcio, oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores, capacidad y estado civil y derechos honoríficos, salvo los pronunciamientos que regulen las obligaciones y relaciones patrimoniales relacionadas con lo que sea objeto principal del proceso.
  • Las sentencias que condenen a emitir una declaración de voluntad.
  • Las sentencias que declaren la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial.
  • Las sentencias extranjeras no firmes, salvo que expresamente se disponga lo contrario en un Tratado internacional vigente en España.
  • Los pronunciamientos de carácter indemnizatorio de las sentencias que declaren la vulneración de los derechos al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Tampoco son susceptibles de ejecución provisional las sentencias firmes, pues de lo contrario de lo que se trataría es de una ejecución definitiva. Por ello establece el artículo 527 LEC que el momento de solicitar la ejecución provisional es en cualquier momento desde que se tenga por interpuesto el recurso de apelación o, en su caso, desde que se de el traslado a la parte apelante del escrito del apelado adhiriéndose al recurso, y hasta que recaiga sentencia en el recurso de apelación.

Procedimiento de la ejecución provisional

La ejecución provisional funciona de la misma manera que la ejecución ordinaria. Podrá instarse por una solicitud o bien por una demanda de ejecución, en la que se expresará el título en el que se funda la ejecución (que será la sentencia de primera instancia), la tutela ejecutiva que se pretende, los bienes del ejecutado susceptible de embargo de los que se tuviere conocimiento, las medidas de localización e investigación que interese, y la identificación de aquellos contra quienes se pretende el despacho de la ejecución.

A continuación, el tribunal despachará la ejecución, salvo que se trate de una de las sentencias no ejecutable que anteriormente hemos mencionado, o que no contenga un pronunciamiento de condena a favor del solicitante. La denegación es susceptible de recurso de apelación con tramitación preferente. El despacho, sin embargo, no es susceptible de apelación, sino que se pone a disposición del ejecutado un sistema de oposición.

La oposición debe formularse dentro de los cinco días siguientes a la resolución que acuerde el despacho o las actuaciones concretas. Los motivos de oposición vienen tasados en el artículo 528 LEC, y son:

  • Que la ejecución se haya dictado erróneamente, esto es, cuando debió haber sido denegada por los motivos ya explicados.
  • Que la condena sea no dineraria y resultase imposible o de extrema dificultad, atendida la naturaleza de las actuaciones ejecutivas, restaurar la situación anterior a la ejecución provisional o compensar económicamente al ejecutado mediante el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le causaren, si la sentencia ejecutada fuese revocada.
  • Que ya se haya cumplido lo ordenado en la sentencia (el pago, en su caso), o bien se hubiera convenido algún tipo de pacto o transacción en el proceso para evitar la ejecución provisional, debiendo estar oportunamente documentado.

No cabe oposición en el caso de las sentencias de condena dineraria, aunque sí cabrá la oposición a una medida concreta que pueda causar una situación absolutamente imposible de restaurar o de compensar económicamente, debiéndose en tal caso indicar otras medidas alternativas y prestar una caución suficiente para responder de la demora en la ejecución.

Si el juez estima la oposición por haber sido indebidamente concedida la ejecución provisional, no habrá lugar a la misma. Si estima la oposición por ser difícil restaurar la situación anterior, dejará en suspenso la ejecución provisional, aunque subsistirán los embargos y medidas de garantía adoptadas, además de las que procedan. Si estima la oposición a una medida concreta continuarán el resto de actividades ejecutivas. Contra estos autos no cabrá recurso alguno.

Debe mencionarse en último lugar respecto del procedimiento que, en el caso de condenas dinerarias, la consignación judicial de las cantidades debidas junto con los intereses y costas de la ejecución permitirá que se suspenda la ejecución provisional.

Efectos una vez se dicte la sentencia de segunda instancia

Si en segunda instancia se confirma la resolución provisionalmente ejecutada, la ejecución continuará en caso de que no hubiese terminado. Si la sentencia de segunda instancia no se recurre o no es susceptible de recurso, la ejecución seguirá adelante como definitiva.

Si la resolución ejecutada era de condena dineraria y se revoca parcialmente, se devolverá la diferencia entre la cantidad percibida y la que se hubiese debido percibir, más el interés. Si se revoca totalmente, se deberá devolver la cantidad percibida, las costas de la ejecución provisional, y los daños y perjuicios ocasionados.

Si la resolución ejecutada era de condena no dineraria y de entrega de un bien determinado, se deberá restituir el bien con sus rentas, frutos o productos, o el valor de la utilización del bien, debiendo sustituirse por una indemnización de daños y perjuicios cuando la restitución fuese imposible. En el caso de que fuese una condena de hacer, se podrá pedir que se deshaga lo hecho y que se indemnicen los daños y perjuicios causados.

2 comentarios

  1. Andrea

    ¿ Qué ocurre si al tiempo de dictarse la sentencia en segunda instancia aún no se ha terminado el proceso de ejecución de la primera instancia y resulta que la nueva sentencia (apelación) revoca el fallo de la sentencia de instancia?
    S trata de una sentencia de familia, atribución del uso de la vivienda familiar.
    1ª Instanc– Ambos progenitores por meses alternativos
    Ejecución- instada y no terminada
    Apelación – Uso solo a la mujer que nunca la llegó a desalojar y de ahí el procedimiento de ejecución.
    ¿ Se debe proseguir con la ejecución si se ha recurrido la sentencia de apelación ante el TS, Rec. Casacion?

  2. Angela

    Tuve un juicio con la mutua Asepeyo el 13 de julio,el 28 de julio salió sentencia dándome la razón,en septiembre la mutua recurrió esa sentencia.El 12 de octubre mi abogado hizo un escrito al juzgado para que se ejecute sentencia provisional,esta es la fecha que aún no sabemos nada. cuánto tiempo tardan?

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