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La reforma del recurso de casación en la jurisdicción contencioso-administrativa

Por Carlos Sánchez · 18 Septiembre, 2015 · 0

El pasado día 22 de julio se publicó en el BOE la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Dentro de los múltiples cambios operados, siendo uno especialmente llamativo el cambio de nombre de los Secretarios Judiciales, que pasan a ser Letrados de la Administración de Justicia, se introducen unos muy importantes cambios en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA). Y el más importante de esos cambios es la completa reforma del recurso de casación, objetivo de este artículo.

El ámbito del recurso de casación

Hasta ahora, según el artículo 86 LJCA, el recurso de casación podía dirigirse contra las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional (AN) y por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ). Pese a todo, se trataba de un ámbito bastante amplio, pues en la jurisdicción contencioso-administrativa muchos asuntos se dirigen directamente al TSJ.

La reforma amplía qué sentencias son recurribles, al permitir recurso de casación tanto contra las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo (JCA) como contra las sentencias dictadas en apelación por la AN y los TSJ. De esta forma, cualquier asunto es susceptible de llegar a casación. Además, elimina la excepción que afectaba a las sentencias recaídas en asuntos de cuantía inferior a 600.000 euros, límite que queda eliminado; y la excepción de susceptibilidad de casación de las sentencias referidas a cuestiones de personal al servicio de las Administraciones públicas, si bien se mantiene para los asuntos relativos al derecho de reunión y a cuestiones electorales.

Cuando el recurso de casación se funde en la infracción de normas autonómicas, será competente el Tribunal Superior de Justicia, en una Sección conformada de forma especial para ello.

Por último, no ha de perderse de vista que los tres tipos de recurso de casación existentes hasta el momento (ordinario, para unificación de doctrina, y en interés de ley) pasan a ser un único recurso refundido.

La admisión a trámite del recurso de casación: el interés casacional

El familiar artículo 88 LJCA sufre una gran reforma. Desaparecen los cuatro motivos que facultaban para recurrir al recurso de casación, ya que ahora puede ser interpuesto ante cualquier infracción del ordenamiento jurídico, tanto de índole procesal como sustantiva, de las normas o de la jurisprudencia, siempre y cuando el recurso presente interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia según el Tribunal Supremo.

El interés casacional objetivo, concepto ya familiar en el ámbito civil, es muy amplio e indeterminado, permitiendo al Tribunal Supremo, en definitiva, conocer de aquellos asuntos que le interesen. A fin de interpretar el concepto en la medida de lo posible, el artículo 88.3 LJCA contiene una serie de presunciones de existencia de interés casacional objetivo:

  1. Cuando en la resolución impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la razón de decidir sobre las que no exista jurisprudencia.
  2. Cuando dicha resolución se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente al considerarla errónea.
  3. Cuando la sentencia recurrida declare nula una disposición de carácter general, salvo que esta, con toda evidencia, carezca de trascendencia suficiente.
  4. Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los organismos reguladores o de supervisión o agencias estatales cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
  5. Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los Gobiernos o Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.

En los casos a), d) y e) se trata de una suerte de presunción iuris tantum, pues el Tribunal podrá inadmitir el recurso motivadamente cuando aprecie que carece manifiestamente de interés casacional objetivo.

En el resto de los casos no comprendidos en esas presunciones, podrá igualmente el Tribunal Supremo apreciar el interés casacional objetivo cuando concurran determinadas circunstancias. A este respecto, el artículo 88.2 LJCA establece cuales son esas circunstancias que, de concurrir, pueden indicar la existencia de interés casacional objetivo, si bien no es una lista numerus clausus sino numerus apertus. En su virtud, podrá apreciarse interés casacional cuando, entre otras circunstancias, la resolución impugnada:

  1. Fije, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación de las normas de Derecho estatal o de la Unión Europea en las que se fundamenta el fallo contradictoria con la que otros órganos jurisdiccionales hayan establecido.
  2. Siente una doctrina sobre dichas normas que pueda ser gravemente dañosa para los intereses generales.
  3. Afecte a un gran número de situaciones, bien en sí misma o por trascender del caso objeto del proceso.
  4. Resuelva un debate que haya versado sobre la validez constitucional de una norma con rango de ley, sin que la improcedencia de plantear la pertinente cuestión de inconstitucionalidad aparezca suficientemente esclarecida.
  5. Interprete y aplique aparentemente con error y como fundamento de su decisión una doctrina constitucional.
  6. Interprete y aplique el Derecho de la Unión Europea en contradicción aparente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia o en supuestos en que aun pueda ser exigible la intervención de éste a título prejudicial.
  7. Resuelva un proceso en que se impugnó, directa o indirectamente, una disposición de carácter general.
  8. Resuelva un proceso en que lo impugnado fue un convenio celebrado entre Administraciones públicas.
  9. Haya sido dictada en el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales.

La competencia para decidir sobre la admisión o inadmisión se concede, en virtud del artículo 90 LJCA, a una Sección específica de la Sala Tercera, integrada por el Presidente de la Sala y por al menos un Magistrado de cada una de sus restantes Secciones. Excepcionalmente, podrá acordar oír a las partes a fin de determinar la existencia o inexistencia del interés casacional objetivo.

El trámite de preparación del recurso

El otro de los grandes cambios operados por la reforma recae sobre el trámite de preparación del recurso de casación, el cual sigue manteniéndose, a diferencia de lo que ocurre en la jurisdicción civil. Sin embargo, se amplía su plazo de interposición, que pasa a ser de treinta días a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre. Además, se menciona en la Ley que tienen legitimación para interponerlo aquellas personas que hubiesen debido ser parte en el proceso. Esto ya se admitía con anterioridad, pero no se mencionaba de forma expresa.

Por otro lado, se detallan algo más los requisitos formales del escrito de preparación, incorporando de esta forma en el texto legal los requisitos que ya había aprobado en pleno la Sala Tercera. Esto es un cambio bastante positivo ya que antes se dependía de unas decisiones judiciales, en ocasiones demasiado estrictas e incluso retroactivas, por más que el Tribunal Constitucional hubiese considerado válida la exigencia de motivos formales adicionales a los recogidos en la Ley bajo la premisa de que corresponde a los Tribunales estructurar las formalidades procesales siempre que no sean un obstáculo injustificado.

En virtud del cambio, el escrito de preparación deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan:

  1. Acreditar el cumplimiento de los requisitos reglados en orden al plazo, la legitimación y la recurribilidad de la resolución que se impugna.
  2. Identificar con precisión las normas o la jurisprudencia que se consideran infringidas, justificando que fueron alegadas en el proceso, o tomadas en consideración por la Sala de instancia, o que ésta hubiera debido observarlas aun sin ser alegadas.
  3. Acreditar, si la infracción imputada lo es de normas o de jurisprudencia relativas a los actos o garantías procesales que produjo indefensión, que se pidió la subsanación de la falta o transgresión en la instancia, de haber existido momento procesal oportuno para ello.
  4. Justificar que la o las infracciones imputadas han sido relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la resolución que se pretende recurrir.
  5. Justificar, en el caso de que ésta hubiera sido dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de un Tribunal Superior de Justicia, que la norma supuestamente infringida forma parte del Derecho estatal o del de la Unión Europea.
  6. Especialmente, fundamentar con singular referencia al caso, que concurren alguno o algunos de los supuestos que, con arreglo a los apartados 2 y 3 del artículo anterior, permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

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