Ir al contenido

Los delitos contra la propiedad intelectual

Por Carlos Sánchez · 4 Septiembre, 2015 · 4

Comencé a escribir esta entrada como un análisis de las modificaciones llevadas a cabo por la Ley Orgánica 1/2015 sobre el Código Penal. No obstante, dado que a medida que redactaba decidí realizar una exposición un poco más general de los tipos penales, que la reforma es bastante enjundiosa en cuanto a la propiedad intelectual, y que la entrada comenzaba a ser muy extensa, decidí publicar por separado la propiedad intelectual y la propiedad industrial, para así poder tratar ambas materias con el detalle que considero que requieren.

El régimen penal de los delitos contra la propiedad intelectual se encuentra recogido en los artículos 270 a 272 del Código Penal. Protegen un bien jurídico individual como es el patrimonio de los titulares de derechos de la propiedad intelectual, pese al trasfondo socioeconómico que resulta relevante en los mismos, el cual se manifiesta no obstante en las decisiones legislativas de castigar determinadas conductas.

Tipo básico

El tipo básico aparece regulado en el primer apartado del artículo 270 del Código Penal:

Artículo 270.1 CP: “Será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses el que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios”.

El tipo básico es un delito común, que puede ser cometido por cualquier persona. Debe recaer sobre una obra literaria, artística o científica, definida de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), siendo tales “las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro”.

En cuanto a las conductas típicas, muchas de las cuales definidas también por la LPI, son las siguientes:

  • Reproducción: se considera tal “la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias”.
  • Plagio: supone atribuirse en todo o en parte la autoría de una obra ajena.
  • Distribución: es “la puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma”.
  • Comunicación pública: entendiéndose como “todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas”.
  • Transformación, interpretación o ejecución: hace referencia fundamentalmente a las llamadas obras derivadas.
  • Explotación económica: ésta es una cláusula general que ha sido añadida por la LO 1/2015. Habrá que estar a la interpretación que realice la jurisprudencia para determinar que actos concretos se engloban aquí, pero no cabe duda de que amplia notablemente el número de conductas subsumibles en el tipo.

Las conductas típicas deben ser realizadas en perjuicio de tercero, lo que supone que basta con que la conducta sea idónea para producir un perjuicio, pero no que deba haberse producido un perjuicio efectivo. Y, como es lógico y razonable, deben ser llevadas a cabo sin autorización del titular o cesionario del derecho.

Tradicionalmente se ha exigido un ánimo de lucro, que se interpretaba de forma restrictiva identificándolo como ánimo comercial, lo que excluía del tipo un considerable número de conductas, como la copia privada. En la reforma de la LO 1/2015 se ha sustituido el ánimo de lucro por el “ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto”, lo que permite abarcar aquellas conductas en las que no se llega a producir un lucro directo, pero sí un beneficio indirecto, como por ejemplo los sitios web orientados a compartir contenidos protegidos que se lucran mediante publicidad.

La pena que este delito lleva aparejada es la pena de prisión de seis meses a cuatro años, y multa de doce a veinticuatro meses. Este es otro cambio importante operado por la LO 1/2015, ya que anteriormente la pena máxima era de dos años de prisión. En consecuencia, se ha otorgado al juez un marco más amplio para poder ajustar la pena a la gravedad de la conducta y a las circunstancias concretas del caso.

Tipo de acceso o localización en internet de obras protegidas

Dentro del tipo básico, en el apartado segundo, se recoge una conducta adicional:

Artículo 270.2 CP: “La misma pena se impondrá a quien, en la prestación de servicios de la sociedad de la información, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio de tercero, facilite de modo activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, el acceso o la localización en internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos o de sus cesionarios, en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios”.

Este precepto está destinado a las webs de enlaces, siguiendo la línea de ataque del legislador que se inició con la reforma de la LPI, y que se ha visto apoyada por sentencias europeas como la del caso Svensson. Estas webs no alojan directamente contenido protegido alguno, el cual suele ubicarse en servidores extranjeros, sino que proporcionan los enlaces que permiten acceder los mismos. La expresión empleada “de modo activo y no neutral” busca dejar fuera de la aplicación de este precepto a buscadores como por ejemplo Google o Bing.

Ante este tipo de infracciones, el juez o tribunal ordenará la retirada de las obras o prestaciones objeto de la infracción, que se refiere tanto a las obras o prestaciones protegidas como a los enlaces u otros medios de localización de las mismas. Si el sitio web se dedica de forma exclusiva o preponderante a difundir contenidos protegidos, se ordenará el cierre del propio sitio. Como medida excepcional, se contempla la posibilidad de ordenar el bloqueo del acceso al sitio.

Tipo atenuado

En los supuestos del tipo básico que hemos analizado (reproducción, plagio, distribución, etc.) la distribución o comercialización ambulante o meramente ocasional se castigará con una pena de prisión de seis meses a dos años, que es la penalidad que existía anteriormente para todas las conductas. Además, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener, y siempre que no concurra ninguna circunstancia agravante, el juez podrá imponer una pena de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad. Las características del culpable deben entenderse en el sentido de personas con escasos medios de subsistencia. La atenuante por distribución ambulante u ocasional se ha añadido por la LO 1/2015, mientras que la atenuante por las características del autor fue incorporada por la LO 5/2010.

Se trata de una atenuación dirigida a supuestos como el top manta y otras conductas con un menor desvalor, que no llegan a justificar una pena máxima de cuatro años o, incluso, de prisión en sí misma. Lo cual es bastante razonable, teniendo en cuenta el principio de ultima ratio del Derecho penal que tan poco se respeta en estos últimos de legislación que tiende a aglutinar todo lo que puede, generalmente en función de la opinión pública.

Tipo de neutralización de medidas de protección

Se amplia el tipo de neutralización de medidas de protección de material protegido por derechos de autor, en una redacción a mi juicio algo confusa y demasiado extensa, que probablemente habría podido ser expresada con una mayor claridad, y que en ocasiones incluso solapa las conductas entre sí.

Según el artículo 270.5.c) CP resulta punible el facilitar la realización de las conductas del tipo básico eliminando o modificando las medidas tecnológicas incorporadas por los titulares de derechos de propiedad intelectual para evitar precisamente esas conductas. En esta situación se encontrarían los llamados crackers, que idean sistemas para burlar los sistemas de protección. Debe tenerse en cuenta que, en la práctica, resulta muy complicado perseguir penalmente a estas personas, ya que sus conocimientos tecnológicos le permiten no ser detectados y, además, pueden ser de cualquier nacionalidad.

También se castiga en el artículo 270.5.d) CP una conducta que en una primera lectura parece muy similar a la anterior, como es la elusión o facilitación de la elusión de las medidas tecnológicas de protección con el ánimo de obtener un beneficio económico y con la finalidad de facilitar a terceros el acceso a un ejemplar de una obra protegida. Si el cracker que mencionamos antes es el que desarrolla un software que permite eliminar la protección, lo que en esta conducta se castiga es al que emplea ese software para efectivamente eliminarla.

Por último, se castiga con una penalidad ligeramente inferior (prisión de seis meses a tres años) a los que fabriquen, importen, pongan en circulación o posean con finalidad comercial cualquier medio principalmente concebido, producido, adaptado o realizado para facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras protegidas.

Tipo de exportación, importancia y almacenamiento

El apartado quinto del artículo 270 castiga la exportación o almacenamiento intencionado de ejemplares de las obras protegidas, cuando estuvieran destinadas a ser reproducidas, distribuidas o comunicadas públicamente. La LO 1/2015 dota de una nueva redacción a este precepto, que ya existía anteriormente, estableciendo que las obras deben estar destinadas a reproducción, distribución o comunicación pública. Se incluyen también de forma expresa las copias digitales de las mismas.

También se castiga la importación intencionada de estos productos sin autorización, siempre que estuvieran destinados a ser reproducidos, distribuidos o comunicaciones públicamente. Es irrelevante que los productos tengan un origen lícito o ilícito en su país de procedencia, si bien la importación no será punible cuando los productos procedan de otro país de la Unión Europea en el cual se hayan satisfecho los correspondientes derechos.

Cuestiones generales de aplicación

El artículo 271 CP establece una pena de prisión de dos a seis años, multa de dieciocho a treinta y seis meses, e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido por un período de dos a cinco años, cuando concurran una serie de circunstancias proyectadas sobre las conductas que ya hemos analizado. Estas circunstancias son:

  • Que el beneficio obtenido posea especial trascendencia económica.
  • Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo el valor de los objetos producidos ilícitamente, el número de obras, o de la transformación, ejecución o interpretación de las mismas, ilícitamente reproducidas, distribuidas, comunicadas al público o puestas a su disposición, o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados.
  • Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad intelectual.
  • Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos.

Asimismo, una persona jurídica puede ser responsable de estos delitos, de acuerdo con el artículo 288 CP, correspondiéndole una multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido. En lo que respecta a la responsabilidad civil, se regirá por lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual.

4 comentarios

  1. David

    Hola Carlos.
    Es cierto que con esta modificación (Ley de propiedad intelectual y código penal) el Administrador o responsable de los sistemas tiene responsabilidad frente al software ilegal que pueda tener la empresa donde desempeñan su trabajo ?
    Gracias

    1. Hola David:

      La reforma del Código Penal modificó el Artículo 31 del Código Penal de cara a extender la responsabilidad penal por los actos de la persona jurídica a sus administradores, de hecho o derecho. Nótese que estamos hablando de administradores en sentido jurídico, no de un administrador de sistema en sentido “informático”. Estos últimos sólo tendrían tal responsabilidad si pudiesen ser considerados administradores de hecho, concepto algo difuso pero que viene a aplicarse cuando el administrador (de sistemas) tiene autonomía y decisión última respecto a la actuación en determinados ámbitos. Por ejemplo, si es él el que decide si el software se adquirirá o se pirateará, y el administrador (de la sociedad) no conoce estas decisiones o no tiene, en la práctica, poder de decisión sobre ello, o se ve muy influenciado por la otra persona, por motivos como los conocimientos técnicos de uno y otro. La mayoría de sentencias en materia penal que han definido al administrador de hecho se referían a supuestos como directivos financieros y puestos similares, para que te hagas una idea del nivel de autonomía y decisión requerido.

      En conclusión: podría ser que sí, que el administrador de sistemas tuviese responsabilidad, si se trata de una suerte de “Director de IT” con autonomía de decisión respecto a si piratear el software o no.

      Un saludo.

  2. Aurora

    Consulta de Propiedad Intelectual
    Hola Carlos,

    Deseo realizarle una consulta, un amigo escritor mediante contrato cede a editorial derechos exclusivos de reproducción, distribución, comercialización y comunicación pública de su obra; terminada su vigencia la editorial no ha cumplido con su letra. El autor localiza al director general y mediante REQUERIMIENTO, que firma y sella la editorial como recibida, se le exige que cumpla pagándole y dejando de explotar la obra, pero la editorial continúa ejerciendo los derechos cedidos y además duplicó los puntos de venta online. Cuando mi amigo revisa el Código Penal español, encuentra que en el Artículo 270 reza:

    “1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios”.

    ¿Se puede demostrar doctrinalmente o asumir de facto que no existen delitos contra la propiedad intelectual y solamente debemos considerar que estamos ante un caso típico de incumplimiento contractual, porque el titular autorizó en un momento determinado la explotación de la obra; aunque esta se continúa explotando sin su autorización?

    Si no pudiera contestar, podría recomendarme algún sitio online para consultar.

    Gracias,

    Aurora.

    1. Estimada Aurora:

      Con la ley en la mano, tanto la vía penal como la vía civil estarían abiertas. No obstante, el Derecho penal se basa en el principio de intervención mínima, y dadas las circunstancias que comenta, es muy probable que el Juez considerase que los hechos no tienen entidad suficiente como para suponer un delito y, en consecuencia, conminase a tu amigo a acudir a la jurisdicción civil. Además, si la editorial continúa abonando las cantidades a que viniese obligada por el contrato, sería discutible si se da ese “perjuicio de tercero” que requiere el tipo penal. Todo ello suponiendo que el fin de la vigencia del contrato sea realmente claro y no susceptible de interpretación.

      Por todo lo anterior, y salvo mejor criterio, si fuese el abogado de su amigo le recomendaría acudir a la vía civil y no a la penal.

      Un saludo.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *